3.- Los argumentos y el último objetivo

          Aprovechan la falta de conocimiento de la mayoría de la población sobre la historia y sobre el propio presente, para convertir en una especie de estado de opinión generalizado las falacias que destilan como grandes verdades.

            A saber:

• §  Menos estado para salir de la crisis cuanto antes.
• §  Los causantes del empobrecimiento general son los servicios públicos–los servicios que el estado moderno debe devolvernos a cambio de nuestros impuestos, garantizando la cobertura general-,  por tanto hay que recortar servicios públicos ya que este estado del bienestar es insostenible.
• §  La política salarial es un lastre para recuperar empleo. Hay que pagar menos al trabajador para recuperar riqueza. ¿Para quién?, nos preguntamos.
• §  La mejora de la producción pasa por liberalizar – dejar al pairo de la oferta y la demanda, con escasa o nula regulación legal- las relaciones laborales.
• §  Hay que privatizar instrumentos económicos del estado. Ya lo hizo Aznar con Telefónica, Repsol, Correos, que son instrumentos de generación de riqueza en manos privadas, para el beneficio de unos pocos y el empobrecimiento del estado cuya fortaleza no interesa al capital. Rajoy tiene en perspectiva la privatización de RENFE después de una millonaria inversión del estado en el AVE y en la rentabilización de la red de cercanías. Así funciona la derecha en todos los lugares del mundo. ¡Menos estado!

         Y en la lucha por obtener el poder cabe, especialmente, destilar rebuscados y falsos argumentos. El culpable de la crisis es el gobierno en ejercicio; como si estuviéramos inmersos en una crisis local. En parte, y en lo relativo a la gestión de la crisis, es verdad en cualquier país afectado. En cuanto al origen es absolutamente falso. Y esa afirmación simplista e interesada oculta a los ojos de una buena parte de la población la maldad intrínseca del actual modelo capitalista, especulativo y ultraliberal, con la connivencia de los estados por fuerza o de buen grado, que eso depende de matices ideológicos cada día menos significativos. Desprestigiando a los gobiernos se está desprestigiando al sistema. Se aleja al ciudadano de la lucha por arbitrar instrumentos políticos para corregir esta situación injusta. Se aleja al ciudadano de la política.

    Hay, por supuesto, objetivos ocultos, nacionalistas, no manifiestos: eliminar competidores. Todos los recortes que afecten a los países más afectados por la crisis tendrán un reflejo en la actividad formativa, es decir, dotación de las Universidades y de los Programas de Investigación, íntimamente ligados al desarrollo y a la competitividad de los países. Se cumple con ello un objetivo colonial, idéntico a los programas establecidos para los imperios coloniales del siglo XIX, evitar el desarrollo de la industria en los territorios colonizados para evitar su competencia; serán territorios condenados al subdesarrollo o a un retraso tecnológico que los convertirá en dependientes de por vida.
         Nadie habla del control del fraude fiscal, de tasas sobre la actividad especulativa, de fiscalidad progresiva, de revisión del régimen que  convierte  a las  SICAVs en evasoras legales de impuesto, en la  unión fiscal de la Unión Europea…

         Los únicos medios aplicables – doctrina conjunta del FMI y de las Instituciones económicas que rigen Europa (BCE y el Banco Central Alemán)- son: 

• Aumento de los impuestos indirectos
• Liberalización del mercado de trabajo, de hecho, reducir los costes sociales de la producción.
• Prolongación de la vida laboral y recorte en las prestaciones a los pensionistas.
• Supresión de buena parte del cuerpo de funcionarios y trabajadores públicos. Y como medida previa, recortes brutales en la nómina de los trabajadores del estado, víctima propiciatoria de la crisis, a los que de forma calculada se habrá descalificado y criminalizado.
• Recortes en los servicios públicos imprescindibles: Sanidad, Educación, Asuntos Sociales…

     El capitalismo clientelar aplaude estas medidas. Buena parte de esos servicios se privatizarán y serán caladeros de negocio para empresas oportunistas y con escasa iniciativa, que prestarán servicios de peor calidad.

     Una exigencia del BCE-  está escrita en las condiciones de sus ayudas- es que estas medidas se aborden mediante Decretos Ley, para evitar la incomodidad de los debates parlamentarios. Una ley necesita ser debatida y aprobada en el Parlamento. Un decreto Ley es una disposición del gobierno con rango de ley que no necesita dicho trámite. Es decir, hay que imponer esas medidas, hurtándolas en la medida de lo posible a los Parlamentos, a la representación legitima de la voluntad popular. Sí, se trata de un golpe de estado, y no demasiado encubierto, con la excusa de una excepcionalidad económica.

     La ciudadanía, la que otorga o quita el poder en la democracia representativa, ha sido degradada a masa pedigüeña, mal acostumbrada a la protección de un Estado inviable, culpable masiva de haber vivido muy por encima de sus posibilidades, y cuya opinión ya no es necesario consultar. 

    Pues eso está pasando aquí, y en buena parte del mundo. Nuestra soberanía ciudadana está siendo suplantada por fuerzas anónimas. Nuestros gobiernos han perdido buena parte de su capacidad, – o voluntad, cuando alcanzan el poder los cómplices políticos -, de defendernos. Y queremos recuperar nuestra soberanía a tiempo para poner remedio.

       Para poner remedio “a la  mala política” que nos decía el maestro Machado.